Desde octubre del 2000, mes en el que se decretó la quiebra, a la fecha han pasado cuatro jueces y cambios de integrantes del órgano fiduciario. Lo que no cambió fue la permanente ausencia de un plan de saneamiento que posibilitara el cumplimiento de los objetivos de la Ley 25284, que contempla la continuidad para las actividades que desarrollan las entidades deportivas que se encuentran con dificultades económicas y financieras a través de un procedimiento que permita generar ganancias operativas para su pertinente distribución a favor de los “acreedores y dependientes” y a la par perseguir la cancelación del pasivo, objetivo éste no cumplido.
El conflicto general que vivimos tiene sus raíces no solamente en el fracaso de gestión de la administración judicial sino también en la negativa a establecer una mesa de diálogo con los empleados y en promesas de mejoras salariales que hasta hoy nunca se concretaron, usando como única excusa la falta de recursos.
¿Somos los trabajadores responsables de una mala gestión, de negocios? No, somos víctimas de la incapacidad de conducción demostrada.
A la fecha nos encontramos que la amenaza por despidos si no retomamos las tareas habituales llega a niveles indignantes: compañeros con hospitalización domiciliaria, con prescripción médica por lesiones y otras dolencias, con fecha de internación por cirugía programada o de vacaciones fueron intimados vía carta documento a retomar tareas. Esto nos da la pauta del desconocimiento que la administración judicial tiene de la situación de la plantilla del personal y del derecho al reclamo salarial que tenemos, y por último, demuestra que solo le interesa imponer condiciones autoritarias y no una justa y democrática negociación.
Nuestro salario promedio de bolsillo es de $800,- y se encuentra por debajo de la línea de pobreza, el retraso en relación al básico de convenio es del 100%. Esto por sí solo justifica nuestro reclamo. Nuestro pedido fue un complemento de $350,- que no alcanza a cubrir ni el mínimo de convenio ni los aumento de la canasta básica que hoy vivimos todos.
A pesar de esto sólo hemos obtenido evasivas, mensajes contradictorios de los propios miembros del órgano fiduciario e inclusive la amenaza de traspasar la dirección y administración del Club a manos privadas como destino final del Club Comunicaciones.
No queremos la privatización, queremos el camino de la normalización institucional.
Señores Socios, Referentes de actividades deportivas, Vecinos, medios de comunicación, sumémonos a la lucha en defensa de nuestro Club antes de que se convierta en el club de otros.
Trabajadores Club Comunicaciones en Asamblea Permanente